En este blog del Departamento de Salud Ambiental compartiremos las experiencias de intervención, proyectos y trabajos en salud ambiental desarrollados por los equipos de salud, actores sociales y efectores a nivel local.
lunes, 1 de octubre de 2012
Difundimos...
Estimados/as
participantes:
Tenemos
el agrado de invitarlos a nuestro próximo encuentro “Cuenca
Matanza Riachuelo: desafíos para su saneamiento” del
Seminario Permanente "Derechos Sociales y Políticas Públicas" y del
Proyecto PICTO/FONCYT/CIN “Acceso a la justicia y marginaciones sociales.
Líneas estratégicas provenientes del activismo judicial y social en la región
metropolitana de Buenos Aires”, que tiene lugar en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja".
El
próximo encuentro será el día lunes 1 de Octubre de 17.45 a
20.00 hs en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L.
Gioja" (Facultad de Derecho- UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, 1 piso en el salón
de usos múltiples).
El
panel de especialistas estará integrado por Leandro García Silva
(DPN), Gabriela Merlinsky (IIGG-UBA-PICTO) y Andrés Nápoli
(FARN)
Por
favor solicitamos se inscriban en http://www.dspp.com.ar/p/ inscripcion.html
Desde
ya, sería de suma importancia y agrado contar con su presencia y sus aportes
para el debate.
Saludan
muy cordialmente,
Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre Derechos Sociales y
Políticas Públicas.
jueves, 27 de septiembre de 2012
Les compartimos que salió Territorio. Transformar desde la Comunicación
una publicación del Espacio de Comunicación e Intervención Social y Política
Link a la revista: http://es.scribd.com/doc/106573854/Revista-Territorio
lunes, 27 de agosto de 2012
EL PAIS › EL JUEZ ORDENA LAS OBRAS, EMPRESAS VINCULADAS LAS FACTURAN
Nieblas del Riachuelo
Invocando la urgencia establecida por la Corte
Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo
ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto justifica la
contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas
vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. Son obras por centenares
de millones de pesos. Amigos y colaboradores del juez fueron designados
en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Armella clausuró
empresas competidoras.
Por Horacio Verbitsky
Diario Página 12 (26/8/12).
Link al artículo: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201868-2012-08-26.html
jueves, 16 de agosto de 2012
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Link al Informe: http://metropolitana.org.ar/newsite/?p=1692
jueves, 2 de agosto de 2012
REURBANIZACIÓN AV DON PEDRO DE MENDOZA BAJO AUTOPISTA BS. AS. / LA PLATA
Con la intervención del Señor Juez Federal Dr. Luis Armella, autoridades de ACUMAR, del GCABA, de AGP, Vias Navegables, etc.
Asociación de Vecinos La Boca
www.avelaboca.org.ar
ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO DEL RIACHUELO, LA AVENIDA RIBEREÑA Y LA SANIDAD AMBIENTAL, TEMAS BASICOS DEL BARRIO
AGOSTO 4 18:30
Mesa redonda integrada por el Dr. SANTIAGO BESUSCHIO y el Cdor. sábado ALFREDO ALBERTI, moderada por el Arq. EDUARDO J. BUCICH,
en búsqueda de aportar al conocimiento público información referida a
la reurbanización de la Av Don Pedro de Mendoza y al saneamiento de la
cuenca Matanza-Riachuelo. Exposición de planos de relevamiento y nuevas
trazas de la avenida ribereña.
ConvocaAteneo Popular de La Boca
Benito Pérez Galdós 315
www.ateneopopularlaboca.blogspot.com
Link a la nota: http://www.avelaboca.org.ar/sitio/index.php?id=550
lunes, 30 de julio de 2012
Aprueban la urbanización de la Villa 19
Conocida como Barrio INTA, ubicada en Villa Lugano, ahora será urbanizada con apertura de calles, iluminación, cloacas y obras de infraestructura.
Sábado, 7 de Julio de 2012 - 11:25 hs
La Legislatura porteña aprobó el jueves la ley de urbanización de la Villa 19, conocida como "Barrio INTA", incorporando como zonificación al Código de Planeamiento Urbano las manzanas incluidas en el polígono delimitado por la Avenida General, Paz, Avenida Teniente General Luis Dellepiane, el deslinde de la zona del ex FFCC General Belgrano y deslinde con la Fracción H de la Manzana 48 que forma parte integrante de la presente ley.
De esta manera, el barrio quedará "afectado al dominio público" y se procederá a la apertura de las calles que permitirán la libre circulación de vehículos, como ambulancias para casos de emergencia, además de la iluminación, cloacas y las obras de infraestructura necesarias, una vez que sea promulgada por el Ejecutivo.
Cabe recordar que hace 20 años fue sancionada una ordenanza que afectaba la zonificación al Código de Planeamiento Urbano de varios polígonos de la ciudad, entre ellos el que hoy ocupa la Villa 19. Pero la iniciativa nunca se cumplió. Este es un paso importante por tratarse de uno de los sectores que requerían su urbanización.
El proyecto aprobado, autoría del diputado macrista Enzo Pagani, pasó previamente el 2 de mayo último por una Audiencia Pública con la presencia de vecinos y especialistas urbanísticos, quienes manifestaron su apoyo a la iniciativa y no registraron observaciones ni objeciones.
Pagani señaló al respecto que "la ley es de vital importancia para comenzar a instrumentar medidas y obras que tienden a resolver las problemáticas sociales, económicas y culturales presentes en esa zona de la ciudad tras tantos años de estancamiento".
Fuente: Sección Política http://www.seccionpolitica.com.ar/aprueban-la-urbanizacion-de-la-villa-19-aid15571.html
martes, 24 de julio de 2012
Seminarios Abiertos
Área de Estudios Urbanos
Instituto de Investigaciones Gino Germani
MARTES 7 de Agosto, 9:00hs .
Área de Estudios Urbanos
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Urbanizaciones consolidadas de origen informal en ciudades de América Latina
Hacia una nueva generación de Políticas Habitacionales
MARTES 7 de Agosto, 9:00hs .
AULA 4 – Sede Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales
Santiago del Estero 1029
lunes, 2 de julio de 2012
martes, 29 de mayo de 2012
Reclamo por urbanizaciones
Se entregó el petitorio por la urbanizacion de todos los barrios vulnerables de CABA
Buenos Aires 17 de mayo de 2012 - Finalmente fue entregado el petitorio con los puntos más urgentes para la urbanización de los barrios más vulnerables de la capital Federal. La molivización acompañó al Defensor General de la Ciudad mario Kestelboim y al Defensor Adjunto Andrés Gallardo hasta los Tribunales Porteños. El juzgado que tomó el pedido fue Juzgado n°1 a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo.
link a la nota en mundovilla.com
Buenos Aires 17 de mayo de 2012 - Finalmente fue entregado el petitorio con los puntos más urgentes para la urbanización de los barrios más vulnerables de la capital Federal. La molivización acompañó al Defensor General de la Ciudad mario Kestelboim y al Defensor Adjunto Andrés Gallardo hasta los Tribunales Porteños. El juzgado que tomó el pedido fue Juzgado n°1 a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo.
link a la nota en mundovilla.com
martes, 8 de mayo de 2012
"PROMOCIÓN DE LA LECTURA: experiencias y posibilidades en salud"
Desde la Unidad de Capacitación en Prevención, Promoción y Educación para la Salud (UniCaPPES), con la aprobación y certificación de la Dirección de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud del GCBA, hemos organizado el curso de posgrado
"PROMOCIÓN DE LA LECTURA: experiencias y posibilidades en salud".
El mismo se desarrollará a partir de encuentros presenciales coordinados por las organizadoras y compañer@s con experiencia en la temática y equipos que desarrollan distintas actividades en diferentes escenarios y contextos.
Destinatari@s: Participantes de programas de animación a la lectura, de bibliotecas, de programas de democratización de la atención, de trabajos sobre los efectos institucionales de la palabra cuando decidimos echarla a rodar.
Días, horarios y lugar de cursada: 1º y 3º Martes de cada mes de 13:30 a 16:00 hrs. en el aula Davel del 1º piso del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Carga horaria total: 105 horas.
Inicio y cierre: del 15-5-2012 al 20-11-2012
Evaluación: Entre las condiciones de aprobación se considerará el 80% de asistencia y la aprobación del trabajo final (posiblemente el pasaje de una idea a una iniciativa, el diseño, evaluación y/o sistematización de una experiencia de promoción de la salud).
Las personas interesadas podrán inscribirse a la siguiente dirección:
lecturastornu@gmail.com
Aprovechamos para saludarl@s y esperamos contar con vuestra participación.
Silvina Espósito y Maru Dakessian
Equipo de Promoción y Acceso a las Lecturas, Servicio de Pediatria, Hosp.Tornu
Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud
viernes, 4 de mayo de 2012
Ley 3947/11 CMR, Emergencia Social, urbanística y sanitaria
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial
del Libro”
LEY N.° 3947
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
La
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo
1°.- Declárase por el término de cinco (5) años la emergencia social,
urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras de acuerdo con
lo establecido en los Artículos 41° y 75°, Inc. 22 de la Constitución Nacional
y Artículos 26°, 27°, 28° y 31° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art.
2°.- Delimítase como sector de la Cuenca Matanza-Riachuelo
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al ámbito geográfico establecido por el Anexo I de la Ley 1.777 para las Comunas 4,
7, 8 y 9.
Art.
3°.- Establézcanse como prioritarias las acciones tendientes a asegurar el
cumplimiento de las obligaciones y metas contempladas en el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACuMaR), o el programa que en el futuro lo reemplace.
Art.
4°.- El Poder Ejecutivo y, cuando corresponda, en forma coordinada con la ACuMaR, dentro del ámbito
geográfico delimitado por el Artículo 2°, deberá:
1)
Realizar el censo habitacional de las familias residentes en el camino de sirga
del Riachuelo identificándose claramente las características ambientales y
socioeconómicas.
2)
Arbitrar los medios necesarios para relocalizar a todas las familias que vivan
en villas y asentamientos precarios sobre el camino de sirga del Riachuelo
correspondiente a la Ciudad,
asegurando la información y participación de las familias involucradas.
3)
Realizar todas las acciones tendientes a lograr la liberación del camino de
sirga para su uso público, teniendo en consideración lo dispuesto en el inciso
anterior.
4)
Desarrollar un Plan de saneamiento integral en villas y asentamientos
precarios.
5)
Brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral de la
población afectada, garantizando el acceso a los servicios de salud y
medicamentos que correspondan a la problemática.
6)
Desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud.
7)
Formar "Centros de Salud Ambiental", garantizando una infraestructura
apropiada y la participación de profesionales expertos en la materia.
8)
Llevar un registro específico que comprenda todas las consultas o atenciones
médicas relacionadas con la problemática socio-ambiental. Dicho registro debe
contener los datos generales del paciente, zona de residencia y las características
o patologías de las afecciones atendidas.
9)
Realizar el empadronamiento de las empresas y establecimientos, detallando el
domicilio, la actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de
tratamiento y eliminación de los residuos.
10) Realizar estudios en el agua, suelo y aire con el
objeto de determinar el cumplimiento de los límites establecidos por la
normativa vigente y tomar medidas preventivas y correctivas.
11)
Arbitrar las medidas necesarias para garantizar la recolección de los residuos
domiciliarios de acuerdo con lo normado en la Ley 1.854.
12)
Desarrollar campañas de concientización y de prevención de enfermedades
relacionadas con la problemática socio-ambiental, en consonancia con la Ley 1.687.
13)
Proponer, conforme los lineamientos de la Ley 2.930, Plan Urbano Ambiental y la Ley 449 o normativa
urbanística que la reemplace, la formulación de planes y/o programas de
recuperación y desarrollo urbano específicos para el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo
tendientes a mejorar las condiciones urbano-ambientales.
Art.
5°.- El Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, cuando corresponda, en
forma coordinada con la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR) podrá
establecer las medidas e incentivos económicos y financieros adecuados para la
reconversión de las empresas a fin de prevenir y mitigar la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Se deberá dar prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) radicadas en
la ciudad.
Art.
6°.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2639° y 2640° del Código
Civil, el camino de sirga del Riachuelo se establece en treinta y cinco (35)
metros. Este espacio es de uso público y de libre acceso y circulación.
Art.
7°.- El Poder Ejecutivo concurrirá a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
antes del mes de octubre de cada año, para informar sobre las acciones
realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley.
Art.
8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que, a través de los mecanismos institucionales pertinentes,
insten a la modificación de la
Ley N° 26.168 propendiendo a la creación de una Autoridad de
Cuenca con participación equitativa e igualitaria de las jurisdicciones
integrantes y presidencia rotativa. La Autoridad proyectada deberá respetar las
autonomías locales y configurarse como un ente armonizador y articulador de las
mismas en post del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) acordado.
Art.
9°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que, a través de los
mecanismos institucionales pertinentes, insten a la modificación de la Resolución N°
003/2009 ACuMaR y sus modificatorias que crea el "Reglamento de Usos y
Objetivos de Calidad de Cuerpos de Agua", con el fin de establecer
objetivos y metas más estrictos.
Art.
10.- Deróguese la Ley
2.057
Art.
11.- Modifícase el Artículo 1° de la
Ley 2.217, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo
1°.- La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N°
26.168, Ley de la
Cuenca Matanza Riachuelo, sancionada el 15 de noviembre de
2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de diciembre de 2006,
Decreto N° 1.792/06 (Boletín Oficial N° 31.047)".
Art.
12.- Comuníquese, etc.
Moscariello - Schillagi
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8°
del Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.947 (Expediente N° 1880691/11),
sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 6 de Octubre de 2011 ha
quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buen Aires, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los Ministerios
de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de Salud, de Desarrollo Económico,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
viernes, 9 de marzo de 2012
jueves, 8 de marzo de 2012
Estado Mundial de la Infancia 2012
Compartimos el informe de Unicef "Estado Mundial de la Infancia 2012", en él podrán encontrar información sobre niñez en el mundo urbano y derechos de la infancia. También hallarán material sobre temáticas ambientales como las que aborda el Departamento como el apartado de agua, saneamiento e higiene. Para acceder deben hacer click aquí
miércoles, 7 de marzo de 2012
Sociedad | Miércoles, 7 de marzo de 2012
Convenio para reubicar a 1500 familias afectadas por la contaminación del Polo Petroquímico Dock Sud
Un lugar en el mundo para la Villa Inflamable
El titular de Acumar, Juan José Mussi, anunció que en tres años se relocalizarán las 1500 familias. Se hará mediante el acuerdo con una empresa, que cede el predio donde almacena contenedores, los que ubicará donde hoy está la villa.
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, anunció a Página/12 que, en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, se concretó un acuerdo para que las 1500 familias que viven en Villa Inflamable, en el partido de Avellaneda, sean relocalizados en terrenos de la empresa Exolgan, en ese distrito. La villa está ubicada junto al Polo Petroquímico de Dock Sud, cercanía que constituye un riesgo para la salud de la población. El traslado de sus habitantes es uno de los requisitos de la Corte Suprema de Justicia, en su fallo por el saneamiento del Riachuelo. Mussi adelantó además que ayer fue acordado el traspaso a Nación del predio de la Asociación de Curtidores de Buenos Aires (Acuba) en el partido bonaerense de Lanús, que estaba bajo la órbita provincial y donde se va a construir una planta de tratamiento de efluentes para esa industria.
“Hemos tenido un gran avance en los últimos días: conseguimos el canje de las tierras de la empresa Exolgan donde se van a mudar los vecinos de Villa Inflamable –afirmó Mussi–. El traslado ya está aceptado también por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, encargado de garantizar la ejecución del fallo de la Corte Suprema de 2008. El plazo para la relocalización de la totalidad de familias es de tres años. Ya se asignó un presupuesto de 10 millones de pesos por parte de Provincia y desde Nación haremos más de 400 viviendas, para la primera etapa, a través del Plan Federal de Viviendas.”
Según el secretario de Ambiente y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el terreno es “absolutamente normal” y contará con los debidos estudios de impacto ambiental. Actualmente es utilizado como depósito de contenedores, los cuales serán trasladados a su vez a los terrenos de Villa Inflamable, informó. Las tierras donde se asentará el nuevo barrio, señaló, “están fuera del Camino de Sirga –a 35 metros de ribera del Riachuelo–, lejos, sin contaminación industrial”.
Villa Inflamable, en el partido de Avellaneda, es quizá la más postergada de las deudas del saneamiento del Riachuelo, aunque allí se originó el reclamo que dio pie al histórico fallo de la Corte Suprema, de 2008. Las denuncias presentadas por sus vecinos en el caso Mendoza señalaban la imposibilidad de seguir viviendo en el barrio por los daños a la salud comprobados, como problemas respiratorios y dermatológicos.
“Se constató la presencia permanente de diecisiete compuestos volátiles asociados con la refinación de petróleo, como benceno y tolueno, que son cancerígenos sin un umbral mínimo, es decir no importa cuánto tiempo uno estuvo expuesto”, explica a este diario la antropóloga Débora Swistun, coautora de “Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental”, una investigación sobre la contaminación en ese barrio de Dock Sud.
Los datos surgen del Estudio Jica –elaborado por una agencia de cooperación japonesa– que comparó la salud de niños de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable con los de Villa Corina, también en Avellaneda, pero a unos doce kilómetros de distancia y sin exposición a los gases tóxicos. El mismo informe arrojaba que la prevalencia de plomo en sangre de los niños de Villa Inflamable casi triplicaba a la de los de la otra muestra.
A partir de esos datos, el fallo de la Corte determinó la necesidad de reubicar a la población, que hoy se compone por alrededor de 1500 familias. El proyecto inicial fue que se trasladara parte de la población a un terreno lindante a donde se encuentra ubicado actualmente.
En la última visita a la villa del defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella –de la que participó Página/12 (ver aparte)–, los vecinos reclamaron que se abriera una mesa de trabajo conjunto que les permitiera participar de las negociaciones y la planificación de la relocalización. No quieren mudarse a un complejo habitacional sin ser consultados.
Es que muchas de sus casas se ubican sobre terrenos amplios que permiten que las casas crezcan para arriba y hacia los costados, según se vaya agrandando la familia. Algunos tienen animales o simplemente quieren poder ir a un lugar donde se pueda plantar un árbol. Y tienen miedo de que los localicen en un terreno contaminado.
En total, se estima que deberán realizarse más de diecisiete mil viviendas sociales para los habitantes que viven en la ribera del Riachuelo, sea por reordenamiento espacial –para la construcción de caminos– como por cuestiones ambientales, como es el caso de Villa Inflamable. “El camino de sirga está liberado en casi un 80 por ciento”, adelantó a este diario Mussi. “Con el desalojo de La Saladita, se concluyó la liberación de toda la ribera de Lomas de Zamora; en Avellaneda tampoco quedan más casas pegadas al Riachuelo; de La Matanza, se logró la mitad, en Lanús estamos empezando y en la Ciudad de Buenos Aires se concluyó con El Pueblito, pero nos queda la Villa 26 y, lo más engorroso, que es la 21-24, con casi dos mil familias”.
El secretario anunció hace algunos meses que “los valores aceptados internacionalmente y que marca el fallo van a estar para 2016”. Luego se decidirá si se draga el fondo del río, cubierto de metales pesados. Para que eso se logre, explicó Mussi, “debemos terminar con los vuelcos industriales”. “Hay 23 mil empresas en la cuenca, 11.090 de ellas de origen industrial. Unas 1300 industrias de ese total son contaminantes, en distintos grados. Las más complicadas son las de galvanoplastía, las curtiembres y los frigoríficos. Hay unas cien que habrán reconvertido su producción para fines de marzo y otras 500 que, si siguen lo acordado, lo habrán hecho para fines de este año”, precisó.
En ese sentido, ayer se aprobó un acuerdo por el que el predio de Acuba, en Lanús, pase a la órbita nacional. “En los próximos meses comenzaremos con la infraestructura para un parque industrial, donde habrá lugar para la instalación de cuarenta empresas de curtiembre. Se creará allí una planta de tratamiento que utilizarán esas industrias y otras del rubro, que en su mayoría se encuentran en el mismo partido”, detalló Mussi.
Informe: Rocío Magnani.
Sociedad | Martes, 6 de marzo de 2012
Reclaman una ley que establezca la responsabilidad del fabricante en el reciclado
¿Quién se hace cargo de los envases?
El pedido fue realizado al Congreso y al Ejecutivo por veinticuatro organizaciones ambientalistas. Denuncian que desde hace veinte años se presentan proyectos que son cajoneados por el lobby empresario. Iniciativa de Filmus en el Senado.
Hasta ahora no hay políticas para separar los residuos recuperables y reciclarlos.
Por Pedro Lipcovich
Más de veinte entidades ambientalistas se unieron para presentar, ante las dos Cámaras del Congreso nacional y ante el Poder Ejecutivo, la petición de que, de una vez por todas, se dicte una ley para propiciar el uso de envases reciclables y establecer la “responsabilidad del generador”: esto implica que, por ejemplo, la empresa que embotella el agua mineral o la gaseosa debe hacerse cargo de reutilizar o reciclar el envase. Los ambientalistas advierten que desde hace 20 años vienen presentándose iniciativas de este orden y afirman que siempre resultaron cajoneadas por presiones del lobby empresarial. Entretanto, los costos son pagados por la comunidad, y casi el 20 por ciento del total de basura que se genera corresponde a estos envases. El senador Daniel Filmus presentó en 2011 un proyecto en esta línea, que debería ser tratado en los próximos meses. Incluye el requerimiento de que los productores formen asociaciones para gestionar los envases usados. Exige que supermercados y verdulerías utilicen envases reciclables o, en su defecto, que cobren las bolsitas para alentar a que el consumidor lleve su propia bolsa. Según Filmus, esta vez “se logró bastante consenso en las cámaras empresariales” para su proyecto, que sigue los lineamientos vigentes en la Unión Europea.“En 1992 se presentaron los primeros proyectos de ley para regular envases. A partir de allí hay incontables proyectos, desde distintas bancadas: ninguno aprobado”, advierte el documento que solicita “la promulgación de una ley de envases” que contemple la responsabilidad del generador. Lo suscriben el Centro Oeste de Estudios Políticos y Socioambientales (Coepsa), la Asamblea Delta y Río de la Plata, el Foro Ribereño en Defensa del Río de la Plata, Fundación Ecosur, Amigos de la Tierra y otras que conforman un total de 24 entidades.
Teresa Malalán, de Fundación Ecosur, destacó que “el criterio central de todas las entidades firmantes es la noción de que la disposición de los envases es en definitiva responsabilidad del generador”. El documento puntualiza que según los datos ofrecidos por Ceamse, “los plásticos, que centralmente provienen de envases, componen el 19,15 por ciento de los residuos” (la proporción podría ser mayor, ya que Ceamse no la actualiza desde 2006). Adriana Córdoba, de Coepsa, advirtió que “el pedido de una ley de envases apunta a reducir ese volumen. Claro que esto supone establecer firmemente la recolección diferenciada en origen, desde los hogares”.
En cuanto a la responsabilidad del que ha generado el envase, “en diversos países se admite que el que genera el envase, es decir el fabricante del producto envasado, es responsable hasta el destino final del producto: él es quien debe montar la planta de reciclado o utilizar envases retornables –puntualizó Córdoba–. Es cierto también que la gente no suele prestar mucha atención a la cantidad de plásticos que consume, desde el complejo packaging que se ve en las góndolas de supermercados hasta el almacenero que usa una bolsa de plástico para entregar unas galletitas ya envueltas en celofán. Es necesaria una política de Estado para educación en consumo responsable”.
Pero, ¿por qué en veinte años no se ha podido aprobar una ley? Andrea Burucúa, de Ecosur, señaló que “en Diputados siempre envían inicialmente estos proyectos a la Comisión de Industria, que, a causa del lobby ejercido por las empresas, no emite dictamen y el proyecto queda trabado hasta perder estado parlamentario”. La ambientalista advirtió que “si bien deberían afrontar un costo inicial, está comprobado que el reciclado y uso de envases retornables reduce costos para todos los participantes en la cadena. Actualmente los costos son mayores y los paga toda la comunidad, además del desperdicio de recursos no renovables”.
En este orden, el senador Daniel Filmus presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley que debería ser tratado en estos meses en la Cámara alta. Plantea “el principio de responsabilidad extendida del productor, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que se derivan de sus productos”. Esta responsabilidad abarca “todos los envases y sus residuos que, luego de su utilización o del consumo de los productos, sean susceptibles de ser gestionados como residuos domiciliarios”. Para ello, “los productores deben constituir asociaciones para la gestión de residuos de envases”.
“Pongamos por caso las botellas de agua mineral –explicó el senador–: las de todas las marcas, mediante una adecuada recolección, irán al mismo sitio, y los distintos embotelladores de agua mineral se asociarán para gestionar o tercerizar una planta de reciclado.” En cuanto a las bolsitas del supermercado o la verdulería, hay dos respuestas: “Hacerlas de material reciclable, como el papel, y prohibir que se entreguen gratuitamente, de modo que el cliente se vea alentado a llevar su propia bolsa”.
Filmus señaló que “el reciclado de envases es en general autosustentable, permite recuperar los costos; es especialmente así en la actualidad, cuando las commodities tienen precios elevados. Por eso estamos en un buen momento para empezar con este modo de gestionar los envases”.
El proyecto debe ser tratado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, luego de lo cual pasará a la Comisión de Presupuesto, de donde debería pasar al recinto. Según Filmus, “fue muy debatido con las cámaras empresariales y se logró bastante consenso. Está muy vinculado con modelos que la Comunidad Europea viene llevando adelante desde hace tiempo”.
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Sociedad | Miércoles, 7 de marzo de 2012
Una recorrida con el defensor del Pueblo
Historias al margen del Riachuelo
Las burbujas de gas metano emergen en la superficie del agua. Bajo el Puente Avellaneda, que conecta el barrio de La Boca con el conurbano, un pequeño bote a remo cruza pasajeros de una orilla a otra. El olor entra por los poros, dando cuenta de que a pesar de que no se vea basura, el fondo del Riachuelo sigue lleno de metales pesados. El defensor del Pueblo, Anselmo Sella, comienza su recorrido en este punto emblemático del cauce. A tres años y medio del fallo de la Corte Suprema que intimó a catorce municipios y a los Estados nacional, provincial y porteño a sanear la contaminación del río, el funcionario se internará por algunos de los puntos más relegados de la cuenca. El objetivo es evaluar el avance de obras y escuchar de primera mano los reclamos de quienes conviven con la contaminación.
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos La Boca, señala con el dedo los globitos de gas que se ven sobre los espejos negros de agua. La entidad integra el cuerpo colegiado, coordinado por la Defensoría, que junto a otras ONG asesora y vigila la ejecución del saneamiento ordenado por la Justicia en 2008. “Hace unos años no se veía el agua, era pura basura –dice–. En lo que es visual, esto mejoró. Pero el problema es que aún no se hace una limpieza del fondo. Acumar empezó a luchar, pero falta, sobre todo en la pulseada con el empresariado: están demasiado acostumbrados a que el pasivo ambiental lo pague la gente con su salud.”
Desde el camino de sirga, ya no se ven barcos: se prohibió su circulación y se logró la extracción de las viejas estructuras que habían envejecido de desidia en el río. Cuenca abajo, lo que sí se ve, imponente sobre el río, es la Villa 26, en Barracas. Las más de 200 viviendas de ese barrio porteño desfilan sus chapas y maderas sobre pilotes o barriles enclavados en la orilla del río. Un caño de descarga doméstica asoma también de una de las casas. Leandro García Silva, del área de ambiente de la Defensoría, explica que “en una cuenca hídrica donde el 55 por ciento de la población –cinco millones de personas– no tiene cloacas, los efluentes domésticos no desaparecen. Los desechos no se degradan y eso contamina.”
No se van porque quieren, los echa la contaminación. Una nueva parada en el recorrido es el complejo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de Avenida Cruz y Lacarra, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí comenzaron a mudarse, entre otros, una veintena de familias de Villa Luján. La familia de Susana vive en su nuevo departamento del complejo amarillo con otras ocho personas. Cuenta que están mucho mejor, aunque extraña un poco su barrio. Los vecinos del tercer piso, cuenta, sí tienen problemas: se mudaron hace unos siete meses y ya se les filtra agua del techo cuando llueve. Todos los días, además, se corta la luz al menos cuatro horas. Y todavía no tienen gas.
La población ribereña es víctima de la contaminación domiciliaria, pero sobre todo, de la industrial. Es el caso de Villa Inflamable, que fue señalada por la Corte Suprema como uno de los lugares a relocalizar por la alta exposición a los gases tóxicos del Polo Petroquímico de Dock Sud. Hace casi dos años, el juez federal Luis Armella prohibió el ingreso de materiales a la villa para que no se construyan nuevas viviendas, aunque tampoco había un proyecto acordado por todos los actores para mudar a las más de 1500 familias.
“A mí el último granizo me rompió toda la casa y no pude arreglar nada”, dice Cintia Villarruel, de 27 años, que carga a su hijo de 19 meses en brazos. Los vecinos asienten. Cuentan que no se puede entrar ni una bolsa de cemento, aunque tengan las paredes rajadas por el paso de los camiones, aunque tengan sus casas a punto del derrumbe o se les inunde la casa hasta la cintura. Una mujer resume: “Dicen que esto no es habitable y nos quieren mandar a una conejera. Pero acá tenemos patio, plantas. No queremos que nos muden separados”.
“Acá tenemos libertad, Carmen”, acota Cintia, e inspira otro asentimiento de cabezas. El chiquito que carga encima, Lautaro, tiene broncoespasmos desde los dos meses. “La semana que viene le voy a hacer el estudio de plomo en sangre de forma particular, porque acá en la salita me dicen que es un chico sano y que no se lo pueden hacer. Ya se me murió mi hermanito, hace ocho meses, de cáncer de colon. Cuando acá le hicieron el estudio le dijeron que era muy bajo el grado de contaminación. Pero el estudio del Hospital Posadas dio que tenía el 75 por ciento de su sangre contaminada. Falleció con 12 años.”
Una señora intercede: “Yo no digo que no tengamos que salir de acá, el tema es cómo”. “¡Necesitamos una mesa de trabajo porque en la medida en que el otro actor que necesitamos que esté sentado acá con nosotros no está, estamos en las nubes!”, le comunica al defensor Débora Swistun, antropóloga que se crió en la villa y tiene a su madre viviendo todavía allí.
El defensor del Pueblo concede que “hay una demora de Acumar en hacerse cargo en venir acá a escuchar y dar información de cuáles son los proyectos que hay, porque la gente no puede estar viviendo en la incertidumbre”. Lo dice antes de que Mussi anunciara a este diario el traslado del barrio (ver nota central).
“Estamos invisibilizados. Nos rodean el agua, las contenedores, que ya casi tapan las casas, el polo petroquímico. Entonces ya nadie ve. Es real: Villa Inflamable es el lugar que da origen al saneamiento de la cuenca, es increíble que hasta el día de hoy esté postergado”, concluye Swistun.
Informe: Rocío Magnani.
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martes, 14 de febrero de 2012
Determinantes Sociales en Salud
Los determinantes reales de la salud |
Josep Martí-Valls · Joan Benach · Carme Borrell · · · |
06/11/11 |
Frente a las declaraciones recientes del consejero de salud de la Generalitat de Cataluña, aparecidas en varios medios de comunicación diciendo que: "la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado", y que la salud depende sólo de la genética, los antecedentes familiares y los hábitos personales, queremos recordar, precisamente para hacer pedagogía, cuáles son los factores reales que determinan la salud individual y colectiva. Los profesionales de la salud y la ciudadanía en general deben conocer cuáles son estos factores, llamados "determinantes sociales de la salud", y que han sido recogidos en las definiciones e informes de diversas instituciones, organizaciones y constituciones estatales, entre ellas la Constitución española. Contrariamente a lo que sostiene el consejero Boi Ruiz, hoy sabemos que las enfermedades de origen exclusivamente genético representan sólo una proporción muy pequeña de los problemas de salud pública. En el Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud se indica que: “la acumulación tóxica de factores sociales injustos y evitables, como la desigualdad económica, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la inseguridad alimentaria, el no tener una vivienda digna, o la falta de participación y de democracia dañan la salud y crea inequidades.” La Comisión llama a estos y otros determinantes como son las pensiones, el nivel educativo, las desigualdades entre hombres y mujeres (el trabajo reproductivo y en especial la violencia contra las mujeres) y la participación social y política, las "causas de las causas" de la salud y la inequidad en salud. Es por estas razones que la Organización Mundial de la Salud señala: "El derecho a la salud obliga a los estados, (y, en el caso de Cataluña, a las autonomías ya que tenemos transferidas todas las competencias) a generar las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda vivir de la manera más saludable posible.” Por su parte, la Constitución española en su artículo 43 dice: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Corresponde a los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios...”. "Igualmente, también el Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene varios artículos sobre el mismo derecho y las funciones del Gobierno, así como también la Ley General de Sanidad y la recientemente aprobada (en septiembre de 2011) Ley de Salud Pública regulan las obligaciones del Estado y de las Autonomías en la vigilancia, control y prevención de los factores no personales sino sociales que pueden afectar la salud, haciendo énfasis en la necesidad de tener en cuenta la salud en todas las políticas.” Por todo ello, denunciamos la gravedad de las declaraciones del Consejero al afirmar que la salud es un bien privado que no depende del estado y que "no hay un derecho a la salud". Estas afirmaciones o bien reflejan un estado de ignorancia o bien son simplemente una manifestación de la política privatizadora de la sanidad que actualmente lleva a cabo la Generalitat de Cataluña, amenazando con copagos, la desgravación fiscal de los seguros privados y realizando recortes indiscriminados de lasanidad pública, las razones de las cuales no han sido explicadas en ningún documento. El próximo paso del consejero quizá sea, si la salud es un asunto privado, decirnos: "Sea cuidadoso con sus hábitos personales y si enferma utilice los servicios privados, porque el estado (en este caso el gobierno de la Generalitat) no tiene ninguna responsabilidad sobre su salud". Si así fuera, esto tendría consecuencias muy graves para la salud de los catalanes y muy especialmente de las personas más desfavorecidas. Josep Martí-Valls pertenece al Grup de Polítiques de Salut del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Joan Benach es miembro del Grup de Recerca de les Desigualtats en Salut, Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), y Carme Borrell es del Grup de Polítiques de Salut del CAPS. |
jueves, 26 de enero de 2012
Revista On Line - Año IX - Nº 533Sociedad
“El ambiente siempre es una variable de ajuste”
“El ambiente siempre es una variable de ajuste”
Andrés Nápoli - especialista en derecho ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
La Jefatura de Gabinete de Ministros cambió el destino de $25 millones del presupuesto no ejecutado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el 26 de diciembre, destinados al saneamiento del Riachuelo, para otorgarlos al programa Fútbol para todos.
Andrés Nápoli, especialista en derecho ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) criticó la decisión del gobierno: “Nuestra opinión es claramente negativa. No nos parece correcta la falta de ejecución presupuestaria. Creemos que es un problema importante de la administración. Todos los años, todas las partidas presupuestarias asignadas para cuestiones ambientales siempre terminan en la misma situación y son asignadas al programa Fútbol para todos. Esto nos genera un cierto malestar porque nos hace ver que la agenda ambiental está por debajo de un entretenimiento deportivo. El ambiente siempre es una variable de ajuste.
—¿Cómo afecta esta quita de fondos?
—Esos fondos podrían afectar a seis u ocho meses aproximadamente de limpieza de los bordes del Riachuelo. Este fondo es un remanente de un crédito del BID otorgado en 1990, para el saneamiento del Riachuelo, en el Gobierno de Menem, que nunca fue utilizado. Vino a financiar un proyecto que fracasó en los 90 y que lo condujo María Julia Alsogaray.
Según las estimaciones oficiales, solo unas 2400 familias viven en los primeros 30 metros del curso principal del río, sin considerar a quienes habitan más allá de ese perímetro. Entre 600 mil y un millón de personas son perjudicadas directamente por la contaminación del Riachuelo.
El Secretario de Ambiente y Recursos Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien, además, preside la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), dijo la semana anterior que sueña con que, el 9 de julio de 2016, cuando se cumplan 200 años de la declaración de Independencia, se pueda tener el Riachuelo saneado.
—¿Cómo interpretan las expresiones de Mussi?
—Creemos que esas declaraciones no son oportunas, porque el Riachuelo ya vivió una historia de un fracaso muy grande de una gestión que en 1000 días iba a sanearlo. Eso quedó como un estigma. No hay que hacer mas promesas, hay que trabajar y gestionar. Tampoco están bien encaminadas, porque no se ha definido aún qué se entiende por sanear el Riachuelo. Cuándo será saneado y qué es lo que supuestamente se hará, eso no se definió todavía. Qué se entiende por recomponer el daño al Riachuelo es un tema que debería pronunciar expresamente el organismo de Cuenca (ACUMAR), y no lo hizo.
No se iniciaron las obras de infraestructura para solucionar la contaminación cloacal. Estas obras se emprenderán supuestamente a fin de este año y finalizarán al concluir el 2016. A partir de allí, uno podría esperar que mejoren sustancialmente las condiciones del río.
-En el 2008, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había obligado al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios a recomponer la cuenca del río. ¿Hubo avances en el cumplimiento del fallo?
-Desde el punto de vista técnico, está incumplido, porque el fallo establecía plazos no cumplidos. Nosotros no nos quedamos con eso. Sí tengo que destacar que la gestión del organismo mejoró muchísimo en relación con lo que había sido inicialmente. El ACUMAR fue creado en 2007 y recién comenzó a consolidarse en 2011, porque la Justicia le impuso una fuerte multa personal al anterior secretario de medio ambiente (Homero Bibiloni). También el Gobierno entendió que el Riachuelo era una situación que debía atender con la designación de Mussi, un hombre con llegada directa a la Presidenta, y, entonces, el organismo decidió marcar los pasos del fallo judicial que estaban desatendidos.
©2012SAN PABLO - Riobamba 230 - C1025ABF Buenos Aires
Tel. (011) 5555- 2400/2401 Fax (011) 5555- 2425
www.san-pablo.com.ar
Andrés Nápoli, especialista en derecho ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) criticó la decisión del gobierno: “Nuestra opinión es claramente negativa. No nos parece correcta la falta de ejecución presupuestaria. Creemos que es un problema importante de la administración. Todos los años, todas las partidas presupuestarias asignadas para cuestiones ambientales siempre terminan en la misma situación y son asignadas al programa Fútbol para todos. Esto nos genera un cierto malestar porque nos hace ver que la agenda ambiental está por debajo de un entretenimiento deportivo. El ambiente siempre es una variable de ajuste.
—¿Cómo afecta esta quita de fondos?
—Esos fondos podrían afectar a seis u ocho meses aproximadamente de limpieza de los bordes del Riachuelo. Este fondo es un remanente de un crédito del BID otorgado en 1990, para el saneamiento del Riachuelo, en el Gobierno de Menem, que nunca fue utilizado. Vino a financiar un proyecto que fracasó en los 90 y que lo condujo María Julia Alsogaray.
Según las estimaciones oficiales, solo unas 2400 familias viven en los primeros 30 metros del curso principal del río, sin considerar a quienes habitan más allá de ese perímetro. Entre 600 mil y un millón de personas son perjudicadas directamente por la contaminación del Riachuelo.
El Secretario de Ambiente y Recursos Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien, además, preside la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), dijo la semana anterior que sueña con que, el 9 de julio de 2016, cuando se cumplan 200 años de la declaración de Independencia, se pueda tener el Riachuelo saneado.
—¿Cómo interpretan las expresiones de Mussi?
—Creemos que esas declaraciones no son oportunas, porque el Riachuelo ya vivió una historia de un fracaso muy grande de una gestión que en 1000 días iba a sanearlo. Eso quedó como un estigma. No hay que hacer mas promesas, hay que trabajar y gestionar. Tampoco están bien encaminadas, porque no se ha definido aún qué se entiende por sanear el Riachuelo. Cuándo será saneado y qué es lo que supuestamente se hará, eso no se definió todavía. Qué se entiende por recomponer el daño al Riachuelo es un tema que debería pronunciar expresamente el organismo de Cuenca (ACUMAR), y no lo hizo.
No se iniciaron las obras de infraestructura para solucionar la contaminación cloacal. Estas obras se emprenderán supuestamente a fin de este año y finalizarán al concluir el 2016. A partir de allí, uno podría esperar que mejoren sustancialmente las condiciones del río.
-En el 2008, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había obligado al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios a recomponer la cuenca del río. ¿Hubo avances en el cumplimiento del fallo?
-Desde el punto de vista técnico, está incumplido, porque el fallo establecía plazos no cumplidos. Nosotros no nos quedamos con eso. Sí tengo que destacar que la gestión del organismo mejoró muchísimo en relación con lo que había sido inicialmente. El ACUMAR fue creado en 2007 y recién comenzó a consolidarse en 2011, porque la Justicia le impuso una fuerte multa personal al anterior secretario de medio ambiente (Homero Bibiloni). También el Gobierno entendió que el Riachuelo era una situación que debía atender con la designación de Mussi, un hombre con llegada directa a la Presidenta, y, entonces, el organismo decidió marcar los pasos del fallo judicial que estaban desatendidos.
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viernes, 6 de enero de 2012
REVES JUDICIAL
No podrán cerrar el programa de alojamiento en hoteles
El Gobierno de la Ciudad no podrá dejar sin efecto el programa "Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles", luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, considerara que "los subsidios no resuelven la problemática habitacional".
Por Redacción NU
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires a cargo de los jueces Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti, resolvió cautelarmente suspender la aplicación del Decreto Nº 574/09 (y sus prórrogas) dictado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el cual se disponía el cierre del programa "Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles" y ofrecía subsidios a cambio, sin embargo el Tribunal aseguró que esto "no resolver la problemática habitacional de los mismos en forma estable".
Quien habló al respecto fue el ex legislador Facundo Di Filippo, quien promovió en el año 2008 el inicio de dicha acción de amparo y puso a disposición de los afectados el equipo jurídico que patrocina el caso, sostuvo: "Este fallo es ejemplar en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en materia de acceso a una vivienda digna, en un contexto de grave crisis habitacional.
Este caso es paradojal porque muestra a las claras la
ineficiencia gubernamental: con el dinero que el Estado ya lleva gastado en el pago de los hoteles -los cuales, para colmo se encuentran en muchos casos en las peores condiciones-, hace rato hubiera podido resolver en forma definitiva y digna la problemática habitacional de cada beneficiario. Sin embargo, prefirió mantener a habitantes de nuestra Ciudad condenados a la indignidad, y ahora empieza a pagar las consecuencias".
A su vez, y revocando también en este aspecto la sentencia de primera instancia, la Cámara resolvió atribuir el carácter colectivo a la acción de amparo iniciada por un grupo de habitantes, lo que implica que dicha medida beneficiará a la totalidad del universo de beneficiarios del programa, aún aquellos que no se hayan presentado en los estrados judiciales (salvo oposición expresa de los mismos). Dicha decisión resulta un antecedente jurisprudencial de relevancia, en tanto implicaría el primer caso de aplicación expresa de la doctrina en materia de derechos colectivos, emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reciente fallo "Halabi", en cuanto a la implementación de un procedimiento que permita a todos los potenciales afectados participar del proceso.
En este sentido, Jonatan Baldiviezo -como abogado patrocinante de la causa y coordinador del área de litigio del Centro de Estudios y Acción Por la Igualdad (CEAPI), que preside Di Filippo- afirmó: "Estamos orgullosos de este caso testigo en materia de derechos colectivos en general, y de derecho a la vivienda en particular. La Cámara se ha puesto a la altura de la doctrina más moderna en materia de derechos económicos, sociales y culturales, a la luz de lo que surge de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual implica una profundización del derecho de acceso a la Justicia acorde a la situación de crisis habitacional que está viviendo la ciudad. Sabemos que es un antecedente que servirá de ahora en más para muchos otros casos en favor de los sectores más marginalizados de la sociedad".
Entre los considerandos del fallo, sostiene la Cámara que: "... el colectivo afectado conforma un grupo postergado o débilmente protegido y en situación de vulnerabilidad social, de forma tal que la tutela de los derechos fundamentales que se dicen conculcados, dada su naturaleza, excede el interés de cada parte en tanto su protección concita el interés del conjunto de la sociedad. Por otro lado, el proceso colectivo es susceptible de potenciar la celeridad, eficacia y economía de la respuesta judicial". A su vez, es clara al sostener que: "... el decreto 574/09, impugnado por la parte actora, persigue como finalidad inmediata el egreso de los beneficiarios de la Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles, a cuyo fin la medida prevista consiste únicamente en el otorgamiento de un subsidio. Pues bien, prima facie, ello no garantizaría una solución habitacional definitiva. En efecto, dado el cese del programa y la percepción del subsidio por parte de los beneficiarios, la suma recibida -frente a la carencia o insuficiencia de recursos económicos propios- solamente les permitirá a los beneficiarios afrontar el costo del alojamiento por un breve período de tiempo, al cabo del cual podrían verse expuestos a la situación de calle".
Los vecinos que presentaron la acción de amparo mencionada mantendrán una reunión informativa con los abogados del área de litigio del CEAPI y con Di Filippo, a los fines de conocer los alcances y derivaciones del fallo judicial.
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=3fdd2d3c8a61edab439c8f8090aa9a7c
No podrán cerrar el programa de alojamiento en hoteles
El Gobierno de la Ciudad no podrá dejar sin efecto el programa "Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles", luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, considerara que "los subsidios no resuelven la problemática habitacional".
Por Redacción NU
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires a cargo de los jueces Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Horacio Corti, resolvió cautelarmente suspender la aplicación del Decreto Nº 574/09 (y sus prórrogas) dictado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el cual se disponía el cierre del programa "Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles" y ofrecía subsidios a cambio, sin embargo el Tribunal aseguró que esto "no resolver la problemática habitacional de los mismos en forma estable".
Quien habló al respecto fue el ex legislador Facundo Di Filippo, quien promovió en el año 2008 el inicio de dicha acción de amparo y puso a disposición de los afectados el equipo jurídico que patrocina el caso, sostuvo: "Este fallo es ejemplar en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en materia de acceso a una vivienda digna, en un contexto de grave crisis habitacional.
Este caso es paradojal porque muestra a las claras la
ineficiencia gubernamental: con el dinero que el Estado ya lleva gastado en el pago de los hoteles -los cuales, para colmo se encuentran en muchos casos en las peores condiciones-, hace rato hubiera podido resolver en forma definitiva y digna la problemática habitacional de cada beneficiario. Sin embargo, prefirió mantener a habitantes de nuestra Ciudad condenados a la indignidad, y ahora empieza a pagar las consecuencias".
A su vez, y revocando también en este aspecto la sentencia de primera instancia, la Cámara resolvió atribuir el carácter colectivo a la acción de amparo iniciada por un grupo de habitantes, lo que implica que dicha medida beneficiará a la totalidad del universo de beneficiarios del programa, aún aquellos que no se hayan presentado en los estrados judiciales (salvo oposición expresa de los mismos). Dicha decisión resulta un antecedente jurisprudencial de relevancia, en tanto implicaría el primer caso de aplicación expresa de la doctrina en materia de derechos colectivos, emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reciente fallo "Halabi", en cuanto a la implementación de un procedimiento que permita a todos los potenciales afectados participar del proceso.
En este sentido, Jonatan Baldiviezo -como abogado patrocinante de la causa y coordinador del área de litigio del Centro de Estudios y Acción Por la Igualdad (CEAPI), que preside Di Filippo- afirmó: "Estamos orgullosos de este caso testigo en materia de derechos colectivos en general, y de derecho a la vivienda en particular. La Cámara se ha puesto a la altura de la doctrina más moderna en materia de derechos económicos, sociales y culturales, a la luz de lo que surge de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual implica una profundización del derecho de acceso a la Justicia acorde a la situación de crisis habitacional que está viviendo la ciudad. Sabemos que es un antecedente que servirá de ahora en más para muchos otros casos en favor de los sectores más marginalizados de la sociedad".
Entre los considerandos del fallo, sostiene la Cámara que: "... el colectivo afectado conforma un grupo postergado o débilmente protegido y en situación de vulnerabilidad social, de forma tal que la tutela de los derechos fundamentales que se dicen conculcados, dada su naturaleza, excede el interés de cada parte en tanto su protección concita el interés del conjunto de la sociedad. Por otro lado, el proceso colectivo es susceptible de potenciar la celeridad, eficacia y economía de la respuesta judicial". A su vez, es clara al sostener que: "... el decreto 574/09, impugnado por la parte actora, persigue como finalidad inmediata el egreso de los beneficiarios de la Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles, a cuyo fin la medida prevista consiste únicamente en el otorgamiento de un subsidio. Pues bien, prima facie, ello no garantizaría una solución habitacional definitiva. En efecto, dado el cese del programa y la percepción del subsidio por parte de los beneficiarios, la suma recibida -frente a la carencia o insuficiencia de recursos económicos propios- solamente les permitirá a los beneficiarios afrontar el costo del alojamiento por un breve período de tiempo, al cabo del cual podrían verse expuestos a la situación de calle".
Los vecinos que presentaron la acción de amparo mencionada mantendrán una reunión informativa con los abogados del área de litigio del CEAPI y con Di Filippo, a los fines de conocer los alcances y derivaciones del fallo judicial.
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=3fdd2d3c8a61edab439c8f8090aa9a7c
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